Hoy, cada incendio que arrasa hectáreas de Castilla y León, Galicia, Extremadura o Asturias no es un accidente aislado, sino un síntoma. Es la expresión de una fractura entre lo urbano y lo rural, es la expresión de una fractura social y ambiental que nace del abandono del territorio y de una gestión forestal insuficiente, agravada por el impacto del cambio climático, pero también hay que decir que en torno al noventa y seis por ciento de los incendios son provocados. No hablamos solo de negligencias, descuidos o accidentes, sino también de acciones totalmente deliberadas, de intereses económicos ocultos y de una violencia ejercida contra la tierra que se traduce en humo y devastación. El fuego, en su mayor parte, no es fruto del azar ni de la naturaleza indómita, lo que lo convierte en un espejo aún más duro de nuestra responsabilidad colectiva.

No es casualidad que los lugares más afectados sean a menudo los mismos que cargan con décadas de abandono y despoblación: aldeas donde apenas queda una veintena de vecinos, pueblos que vieron marchar a sus jóvenes hacia las ciudades, campos convertidos en maleza porque ya no hay manos que los limpien. El fuego encuentra allí su camino, y al avanzar no solo destruye paisajes, sino también la débil red de vínculos que todavía mantenía en pie la vida comunitaria.

Desde un punto de vista social, los incendios también exponen la desigualdad territorial. Allí donde hay pueblos pequeños y recursos escasos, la defensa contra el fuego depende en gran medida de la ayuda estatal o de la solidaridad improvisada de los vecinos. En cambio, en zonas turísticas o próximas a áreas urbanas, la respuesta es más rápida, más contundente. Esto genera una herida de fondo: la sensación de que hay vidas que valen menos, territorios que pueden arder sin que al conjunto de la sociedad le importe demasiado. Ese sentimiento alimenta el desencanto y el resentimiento de la España rural, que percibe cómo sus tragedias solo se hacen visibles cuando adquieren la magnitud suficiente para convertirse en espectáculo mediático.

Las cifras oficiales hablan de hectáreas quemadas, número de efectivos desplegados, de millones de euros en pérdidas, carreteras y líneas de tren cortadas pero lo que rara vez reflejan son las vidas rotas tras cada incendio. Las víctimas no son una abstracción: son familias que ven cómo las llamas devoran sus casas en cuestión de minutos, pequeños negocios que desaparecen sin posibilidad de una reconstrucción inmediata, agricultores y ganaderos que pierden la base de su sustento, ancianos que deben abandonar de golpe el lugar donde han vivido siempre. Los desalojados cargan con la incertidumbre de no saber si podrán regresar, y quienes logran salvar la vida llevan consigo una herida invisible, hecha de miedo y desarraigo. En cada incendio hay nombres y rostros concretos que el fuego convierte en exiliados de su propia tierra, y ese impacto humano es la parte más dolorosa y menos reparable de la tragedia.

No quisiera cerrar estas líneas como si la cuestión estuviera concluida, porque no lo está. Cerrar sería una forma de dar por terminada una historia que en realidad permanece abierta, y tal vez la única honestidad posible sea dejar estas palabras así, incompletas. Y no lo cierro tampoco porque sé que volverá a suceder, siempre sucede, porque no se invierte en prevención, las personas no se hacen responsables de sus actos y ahora mismo todo se siente como si el incendio formara ya parte inevitable de nuestra manera de vivir y de recordar.